CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFIRMÓ FALLÓ CON RESPONSABILIDAD FISCAL POR 7.649 MILLONES DE PESOS, POR IRREGULARIDADES EN LA PTAR I DE CHÍA
– El fallo involucra al exalcalde municipal Guillermo Varela Romero, a Rafael Antonio Ballesteros exsecretario de obras públicas del municipio de Chía para el año 2015 , también al exjefe de la Oficina de Programación Mauricio Enrique Cabrera Marín y a los contratistas BANCOLOMBIA S.A. y a la firma GEHS GLOBAL ENVIROMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA.
– Este fallo trae como consecuencia la inclusión de los responsables fiscales en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, que los inhabilita para contratar con el Estado.
CARLOS WILCHES Contralor de Cundinamarca.
www.CANICATV.com │ La Contraloría de Cundinamarca, falló con responsabilidad fiscal, por la suma de 5.398 millones de pesos, cuantía que indexada ascendió a 7.649 millones de pesos, por la inversión que realizó el municipio con recursos propios, en un contrato de leasing con BANCOLOMBIA S.A., para la “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHIA I DELICIAS SUR”, adjudicada a la firma privada GEHS GLOBAL ENVIROMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA, a través de un contrato de aprovisionamiento con cargo al contrato de leasing que no se ejecutó, a pesar de haberse firmado el acta de terminación por el secretario de obras públicas, en calidad de supervisor y el contratista, cuando ni siquiera se entregaron en su totalidad los elementos o componentes que conformaban la planta de tratamiento.
El contrato de Leasing se celebró por valor de 19 mil millones de pesos, a fin de acatar el fallo de segunda instancia del año 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como resultado de una acción popular que buscó mitigar los malos olores que expedía la planta de tratamiento de aguas residuales.
Las irregularidades, consistieron en que BANCOLOMBIA S.A., giró por solicitud del exalcalde municipal, al contratista, casi el 100 % de los recursos para la ejecución del proyecto, sin exigir las garantías correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato de leasing, cuando esta misma se encontraba autorizada para la expedición de las pólizas que ampararan los recursos.
Las pagos que se efectuaron con cargo a Leasing ascendieron a la suma de 17.857 mil millones, aproximadamente, suma que fue garantizada con la pignoración de impuestos por un contrato de prenda y pagaré con cargo a las arcas del municipio de Chía, de los cuales este, pagó con cargo a su presupuesto la suma de 4.610 millones de pesos al 17 de abril de 2019, por concepto de amortización e intereses por los giros efectuados en la etapa de anticipos del contrato de leasing y 787 millones por gastos de seguros y bodegaje, para un total de 5.398 millones de pesos.
Como quedó demostrado, el ente territorial invirtió recursos públicos en el proyecto “PTAR CHIA I”, que nunca recibió, con la gravedad de haber tenido que pagar las sumas anteriormente mencionadas sin beneficiarse de la planta de tratamiento de aguas residuales que pretendió arrendar.
Dentro de las irregularidades que se probaron para determinar las responsabilidades se tiene que el contrato de aprovisionamiento tuvo acta de inicio el 18 de noviembre de 2015, el cual se celebró a cero pesos pero con cargo al contrato de leasing, y el 30 de noviembre del mismo año, es decir, a escasos 12 días, se dio por terminado el mismo, por acta suscrita por el secretario de obras públicas y el contratista, sin haber recibido la PTAR que debía optimizarse y ponerse en funcionamiento en el sector Delicias Sur de Chía – Cundinamarca.
Se estableció así, un daño causado al patrimonio del municipio de Chía, por las conductas activas y omisivas, calificadas a título de dolo de quienes tenían a cargo la Gestión Fiscal del mencionado proyecto PTAR CHIA I, así como de culpa grave de los particulares que contribuyeron con ocasión de la Gestión Fiscal del municipio, que ocasionaron que se pagaran más de 5.398 millones de pesos.
La confirmación de este fallo significa un beneficio histórico para el departamento y para la Contraloría de Cundinamarca, que continúa trabajando por la protección y salvaguarda de los recursos públicos.
Fuente : Contraloría de Cundinamarca.
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